Aumento del 25% en el uso de seguridad privada debido a la violencia
El aumento de la violencia y los delitos graves, como la extorsión y los homicidios, ha llevado a un notable incremento en la contratación de servicios de seguridad privada en el país. No obstante, la falta de una Ley General de Seguridad Privada ha provocado también un aumento en el número de empresas irregulares.
Incremento en la demanda de seguridad privada
El Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2023 del INEGI reportó que en 2022 había seis mil 138 empresas de seguridad privada en todo el país, lo que representa un aumento del 4.5% en comparación con 2021, siendo este el mayor crecimiento en el sector desde 2010.
Raúl Sapién Santos, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP), indicó que desde 2023 hasta la fecha, “el incremento de servicios de seguridad privada ha sido por más de 25 por ciento”. Este crecimiento está vinculado a la necesidad de proteger propiedades y vidas ante el aumento de los delitos.
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Problemas de regulación
La falta de una regulación adecuada en el sector dificulta el control sobre el número de empresas irregulares y los servicios que estas ofrecen. Estas empresas, conocidas como “patito”, se aprovechan de las lagunas legales para operar sin la capacitación ni los protocolos adecuados, ofreciendo servicios a bajo costo que generan inseguridad para los clientes y violaciones a los derechos laborales de los empleados.
“El problema principal es que hoy en día es más fácil fiscalizar y sancionar a una empresa regular que a una irregular, ya que la empresa regular tiene una imagen corporativa, una dirección conocida para notificaciones, un registro de sus uniformes y debe cumplir con todos los requisitos para mantener su permiso de operación”, explicó Sapién Santos. En contraste, las empresas irregulares operan sin supervisión adecuada, prestando seguridad en lugares de alta afluencia como centros comerciales, escuelas y aeropuertos, lo que agrava los riesgos de seguridad.
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Debido a la falta de un registro confiable, las organizaciones sociales estiman que actualmente hay entre tres mil y ocho mil empresas de seguridad privada irregulares en el país. Durante un foro sobre la Ley General de Seguridad Privada realizado en febrero en la Cámara de Diputados, la legisladora Rocío Reza Gallegos comentó que el 35% de las empresas de seguridad privada no están reguladas y pidió que se reactive la discusión sobre una mejor legislación para este sector.
“La Comisión de Seguridad Ciudadana ha estado trabajando durante muchos meses en este marco legal junto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y otras instancias necesarias para finalizar esta ley general, que aún está pendiente de ser dictaminada”, expresó la diputada del PAN.
Falta de voluntad política
El enfoque en temas electorales y la preparación de los legisladores para otros cargos ha dejado de lado la regulación de la seguridad privada, a pesar de que fue una promesa de campaña del presidente López Obrador. “La voluntad política ha disminuido respecto a algo que, en su momento, el propio Andrés Manuel López Obrador me dijo que necesitaba un nuevo marco normativo, una ley general de seguridad privada para el país. Esto ha quedado en la congeladora, a pesar de que existe un mandato constitucional para llevarlo a cabo”, enfatizó Sapién Santos.
Además, lamentó que, más de dos años después de que se ordenara al Congreso expedir una Ley General de Seguridad Privada, “es vergonzoso que hasta la fecha no se haya propuesto ni presentado un proyecto ante el Congreso de la Unión”. Esta situación dificulta la supervisión y regulación adecuada del sector, afectando la transparencia y eficacia en el funcionamiento de las empresas de seguridad privada.
Falla de continuidad
El presidente del CNSP destacó la necesidad de aumentar los esfuerzos para combatir la delincuencia, considerando los altos costos de protección en hogares y empresas en 2022. Subrayó la importancia de mantener y fortalecer las acciones actuales en materia de seguridad, señalando que muchas autoridades no ven al sector de la seguridad privada como un aliado para compartir información con las secretarías de seguridad pública y las fiscalías. “Es imposible que la seguridad pública esté en cada esquina, rincón o centro comercial”, mencionó.
Además, enfatizó que la seguridad no debe ser una promesa de campaña de ningún partido, sino una obligación para garantizar que las personas se sientan seguras en cualquier entorno social y puedan llevar a cabo sus actividades diarias. “Debe haber una evaluación integral de lo que sí funcionó para conservarlo y de lo que no, para rehacerlo y mejorarlo”, insistió.
El CNSP está promoviendo con los candidatos presidenciales y de la Ciudad de México la necesidad de abordar la “porosidad” de la frontera norte del país para frenar el tráfico de armas y reducir la violencia homicida. Sobre la extorsión, manifestó: “No solo se trata de dotar al país de una nueva ley federal, sino de fortalecer las fiscalías y las investigaciones para garantizar los derechos de las víctimas y asegurarse de que no habrá consecuencias negativas si denuncian”
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